La policía de Oaxaca arrestó a la vocera del Municipio Autónomo de San Juan Copala y representante de un grupo de 54 desplazados de San Juan Copala, Reyna Martínez Flores y a David Venegas así como a 22 indígenas triquis más, cuando pretendían ingresar a una bodega -al parecer propiedad de un funcionario del gobierno de Gabino Cué- donde pretendían reubicarse, luego de que optaran retomar su plantón frente a la sede del Palacio de Gobierno.
David Venegas, informó que los habitantes de la colonia “La Fundición”, les habrían pedido el apoyo a diversas organizaciones sociales para recuperar un predio en inmediaciones de esa colonia, debido a que el mismo se encuentra en litigio desde hace más de 10 años.
Abundó que al encontrarse en dicho predio, se apersonaron integrantes de la familia Maza Sánchez, quienes a decir del propio “Alebrije”, de manera agresiva les pidieron se salieran de ese predio, “nosotros le dijimos que sí nos saldríamos siempre y cuando nos mostraran sus escrituras, pero nunca mostraron el título de propiedad, puesto que el predio se encuentra en litigio.
Por lo anterior, los integrantes de la familia Maza Sánchez se retiraron del lugar, para después de aproximadamente 30 minutos regresar con la policía municipal, quien detuvo a los desplazados de San Juan Copala y a David Venegas.
En tanto, los desplazados de San Juan Copala, en su momento habrían advertido el incumplimiento del gobernador Gabino Cué Monteagudo a las medidas cautelares y recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para permitir su regreso a su comunidad de origen de donde fueron expulsados en septiembre del año pasado a punta de metralla por más de 1,200 hombres fuertemente armados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT).
La Coordinación de Seguridad y Tránsito Municipal a cargo Rubén Oyavirde, indicó que la detención de los implicados ocurrió en fragancia y a petición de Manuel Maza Sánchez, Director del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), supuesto del predio.
Cabe recordar que los desplazados de San Juan Copala habrían sido retirados a un hotel por autoridades estatales y esperaban que la Procuraduría de Justicia oaxaqueña hiciera valer las ordenes de aprehensión que existen contra unos 10 implicados en al asesinato de unos 27 activistas del Municipio Autónomo de San Juan Copala.
Reyna Martínez quien se encontró en los separos de la policía municipal y es vocera de los desplazados, aclaró en su momento que mientras no haya justicia y castigo a los responsables de los crímenes de sus familiares no desistirán de sus protestas ni regresarán a su comunidad de origen.
“Nosotros le habríamos dado un plazo de 10 días a las autoridades para que atendieran nuestros reclamos y sólo han existido promesas, engaños y justificaciones relacionadas a que no pueden ingresar al territorio Triqui porque hay gente armada del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT)”, pero ellos son gobierno y si tuvieran la voluntad buscarían la formar de ingresar a la zona, ya sea sólo Gabino o el Procurador para detener a los criminales que ahora se escudan bajo las siglas y protección del grupo paramilitar Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)”.
Reconoció que hubo una mesa de atención donde acudieron representantes de la misma CIDH y de la Comisión de Derechos Humanos y donde que evidenciado la omisión oficial a las medidas cautelares.
Indicó que única condición que se ha solicitado para lograr el regreso de los 54 desplazados está relacionada con las condiciones de seguridad de las víctimas.
“Si no hacen la justicia no podemos regresar porque los asesinos de nuestros familiares andan sueltos. El gobierno de Gabino Cué insiste en enviarnos de regreso pero nos quiere mandar a la boca de lobo”.
Martínez argumenta que se trabajó de lado de la justicia para identificar a los responsables de los crímenes pero no han logrado captúralos “y nosotros tenemos miedo, porque los homicidas saben que los hemos delatado”.
Entre los implicado con orden de aprensión denuncio a Antonio Cruz García, Julio Cesar Ortiz Morales y Daniel Martínez López y siete más, quienes incluso han ordenado expropiar las viviendas de las desplazados.
Reyna Martínez, indica que el regreso al plantón, es sólo una muestra de protesta, porque “el gobierno nos quiere tener escondidos, ofreciendo hospedaje en un hotel, para decir que todo está solucionado.”
A las 18:20 horas de este domingo, los detenidos fueron liberados debido a una mesa de negociación entre los detenidos y funcionarios de alto nivel del gobierno del estado.
Cabe señalar que los liberados aceptaron que no pagaron ninguna fianza para obtener su libertad.
En tanto el gobierno estatal, informó que se mantienen las pláticas y continúa el seguimiento a los planteamientos formulados por los beneficiarios de medidas cautelares de la zona de San Juan Copala.
En este análisis participan además de los representantes de los desplazados con las medidas cautelares, otras instancias tanto internacionales, federales y estatales ocupados en el tema quienes dan seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.
Se informa que también existen programadas reuniones sobre temas específicos, con fechas establecidas para desahogarse en la primera quincena del mes de octubre con el compromiso por las partes, incluidos los propios beneficiarios de las medidas cautelares, de recabar información adicional sobre puntos concretos.
Finalmente, los integrantes de diversas organizaciones se trasladaron hacia el cuartel de la Policía Estatal, ubicada en el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, en donde se presume habría más detenidos por este mismo caso.
